A finales del mes de junio iban a llegar las primeras cuentas de cobros por valorización a los predios ubicados en la vía Barranquilla - Cartagena - Circunvalar de la Prosperidad, pero una acción popular le dio la primer "round" a los departamentos de Bolívar y Atlántico, en una "batalla judicial" con el Gobierno Nacional que busca recaudar 1.23 billones de pesos.

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Zonacero.com y Atlántico en Noticias conocieron en primicia la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que suspende el cobro de la contribución de valorización.

Esto tras admitir una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel y decretar la medida cautelar solicitada por el accionante.

El congresista argumentó su solicitud de medida cautelar en que se iban a vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, puesto que no "se elaboró ni publicó un censo predial técnico y actualizado, que la metodología para determinar la base gravable no fue debidamente socializada, y que el proyecto fue presentado como doble calzada, pero en más del 60% fue ejecutado como calzada sencilla".

La acción popular fue coadyuvada por los Distritos de Barranquilla y Cartagena, las Gobernaciones del Atlántico y Bolívar, y los municipios de Malambo, Puerto Colombia y Santa Catalina.

Cobro progresivo

El cobro de valorización iba a ser progresivo. De acuerdo con el diario El Tiempo, primero iban a pagar las cuentas 10.868 predios de los municipios de Santa Catalina (Bolívar), Piojó, Tubará y Juan de Acosta (Atlántico).

El cronograma, según el medio de comunicación, se completaba de la siguiente manera para el pago de las liquidaciones por la valorización:

- A mediados de julio: 46.305 predios de la ciudad de Cartagena.

- A mitad de agosto: 19.363 predios en Galapa, Malambo y Soledad.

- A mediados de septiembre: 51.845 predios de Barranquilla.

- A finales de octubre: 19.363 predios de Puerto Colombia.

Tesis del Tribunal

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo argumentó la suspensión de la Contribución Nacional de Valoración en que debe garantizar que la etapa de "socialización se lleve a cabo en el contexto de una audiencia pública conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998".

Durante dicha audiencia se deberán dar a conocer los aspectos técnicos fundamentales relacionados con la definición de la zona de influencia, la tarifa aplicaba, la base gravable y otros elementos esenciales para determinar el cobro del gravamen.

El Tribunal ordenó al Ministerio de Transporte e Invías la "cesación inmediata de la actuación (...) hasta que haya decisión de fondo sobre lo pretendido en la acción popular, y sin detrimento que se vayan dinamizando mesas de trabajo, estudios técnicos y participación de expertos, autoridades regionales y la ciudadanía, a fin de encontrar una solución menos lesiva para los afectados y el servicio público que se pretende garantizar".

Según el Tribunal, la metodología para determinar el valor del cobro "no ha sido debidamente socializada" y recalcó que solo el 65% de la obra no es doble calzada.

Actualmente el cobro de valorización se encuentra en su segunda etapa, es decir, en la implementación, y desde el 7 de diciembre de 2024 se ha venido divulgando información a través de plegables, reuniones en los municipios y dando a conocer las bases jurídicas que lo sustentan, apunta el juez, quien consideró que falta información.

Señala que de manera explícita se debe explicar lo relacionado con la aplicación y distribución, la destinación del recaudo y la zona influencia.

El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio a Invías un máximo de tres meses para llevar a cabo las audiencia públicas en las que debe explicar en detalle el cobro de la contribución de valorización en la vía Barranquilla - Cartagena - Circunvalar de la Prosperidad.

El concepto de la Procuraduría

Con su decisión, el Tribunal acogió el concepto que le envió la Procuraduría General de la Nación, en el que pidió que ordenara la suspensión del cobro.

Tras analizar y evaluar lo argumentado por el accionante, el Procurador 118 Judicial II Administrativo, Juan Antonio Spirko Payares, le solicitó al Tribunal "disponer la adopción de las medidas cautelares deprecadas , y se ordene la suspensión del cobro de la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, hasta tanto se tome una decisión de fondo en la presente acción Constitucional, y la conformación de una mesa de trabajo".

Dicha mesa de trabajo debe estar conformada por cada uno de los sujetos vinculados al presente proceso, así como aquellos que el despacho disponga, con las finalidades indicadas por el actor, cabe decir socializar los elementos del referido cobro y escuchar las diferentes alternativas planteadas por la comunidad.

"Igualmente se recomienda verificar e informar al despacho respecto de la existencia de comunidades étnicas en el área de aplicación de Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, y en caso de existir se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantando las actuaciones pertinentes en caso de ser así", indicó el Procurador 118 Judicial II Administrativo.

Lucha colectiva

La reciente decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Atlántico de suspender el cobro de valorización en la zona de influencia de la vía Barranquilla-Cartagena, fue bien recibida por el alcalde Alejandro Char, quien aseguró que “esta es una lucha colectiva que respaldamos con firmeza”.

El mandatario celebró la medida temporal adoptada y reiteró que seguirán participando como administración distrital en los recursos que “garanticen la protección de los derechos colectivos”.

“Celebramos la decisión que suspende temporalmente el cobro de valorización en la vía Barranquilla - Cartagena. Esta es una lucha colectiva que respaldamos con firmeza, junto a congresistas y líderes de nuestra región, en defensa del bolsillo de los barranquilleros y atlanticenses frente a un cobro por una obra que aún no concluye”, escribió Char en su cuenta de X.

Indicó que el compromiso como Distrito es seguir respaldando la “legalidad” y la “defensa del interés general”.

“Seguiremos atentos a las convocatorias que se efectúen, para participar activamente en los espacios institucionales que garanticen la protección de los derechos colectivos de nuestra gente”, anotó.